Sólo faltan 45 firmas para adoptar la Declaración 29/2010 en el Parlamento de la Unión Europea. El texto, presentado por el Partido Popular, pretende crear un sistema de alerta rápida para combatir la pornografía infantil y el acoso sexual. El fin no podría sonar mejor, de no ser porque para conseguirlo se pretende obligar a los buscadores (Google, Yahoo!, etc.) a retener, de seis meses a dos años, la información relativa a las búsquedas que hagan los usuarios; o dicho de otra manera: los estados europeos podrán monitorizar las búsquedas de sus ciudadanos para luchar contra la pornografía infantil; y lo que surja.

El Gobierno chino tiene intención de prohibir los comentarios anónimos en Internet, ha anunciado el director del Departamento de Información del Consejo de Estado, Wang Chen, quien recientemente apuntó a la necesidad de reforzar las regulaciones de la red de redes.

China quiere implementar nuevas reglas que llevarían a exigir a los fabricantes de ciertos equipamientos de electrónica relevar información clave de cifrado si quieren optar a ser elegidos en los concursos públicos de ventas. A partir del sábado fabricantes de seis categorías de productos tecnológicos, incluidos de tarjetas inteligentes, firewalls y routers, tendrán que desvelar los códigos de cifrado a las autoridades si quieren vender sus productos en el entorno gubernamental.

Los internautas llevan años diciendo que las descargas P2P –intercambio de archivos entre particulares– no sólo no constituyen una amenaza para la música sino que crean nuevos mercados. Ahora una institución económica, Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), ha reunido las pruebas de que no es la música ni la creación las que están amenazadas, sino la posición de "monopolio" de algunos intermediarios. Los datos no han sido elaborados por la fundación, son los que publica el mismo Ministerio de Cultura que quiere que una ley especial –la ley de Economía Sostenible– proteja los derechos de autor ante la supuesta amenaza que padecen los creadores.
 
Nota antisistema.info: La ley de economía sostenible, no solo amenaza las descargas, sino que es el vector de ataque para imponer la censura en Internet.

Por primera vez, Google publica los datos del número de peticiones gubernamentales que ha recibido para retirar contenidos de su buscador o de YouTube por parte de los gobiernos o sus agencias. En el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2009 y el 1 de diciembre del mismo año, por ejemplo, España solicitó la retirada de 32. Según esta lista, es el noveno país en número de peticiones. Se trata de contenidos supuestamente difamatorios, de odio y afectados por contenciosos criminales. El mayor solicitante ha sido Brasil con 291 peticiones. Le siguen Alemania (188), India (142), Estados Unidos (123), Corea del Sur (64), Reino Unido (59), Italia (57) y Argentina (42).
 
Otra información que incluye la estadística de Google son las peticiones de datos sobre identidades. Brasil lo hizo 3.663 veces. Estados Unidos, 3.580. España, en octavo lugar, solicitó 324 identidades.
 
Mas info: enrique dans

El libro electrónico merece una reflexión. No se trata sólo de una percepción por parte de la opinión pública, sino de una opinión del Ministerio de Cultura. A tal efecto, la entidad que dirige Ángeles González-Sinde puso a trabajar, a través del Observatorio de la Lectura y el Libro (dependiente a su vez de la Dirección General del Libro), a un grupo de expertos que, tras unos meses, ha elaborado un informe titulado «El libro electrónico» que acaba de hacerse público. Pues bien, la llamativa conclusión a la que llega este «Grupo de trabajo sobre el libro electrónico» es que las licencias Creative Commons son contraproducentes para el futuro de la industria editorial en general y para los autores en particular.

La Comisión Europea se ha propuesto crear un Mercado Único Digital y para ello, el primer paso consiste en armonizar los derechos de autor en Europa. Al mismo tiempo, el ejecutivo comunitario moverá los hilos los próximos meses para incorporar esos nuevos asuntos entre sus competencias y, de esta forma, evitar la dispersidad de criterios que existen al respecto entre los distintos estados miembros.
 
En la propuesta española para una Europa Digital, que pretenderá llevar a cabo la presidencia española: "La acción para la protección de los derechos de propiedad intelectual se centrará en páginas de Internet que hacen posible la violación a escala masiva de los derechos de propiedad intelectual y deben ser adoptadas bajo el control de la autoridad judicial cuando pudiera afectar a la libertad de expresión o la libertad de información"

La MPAA y la RIAA han presentado un plan [PDF] a la Oficina internacional de la Aplicación de Propiedad Intelectual (IPE) que promueve la innovación estadounidense, abogando  por la defensa de la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo. El problema es que básicamente requiere que el usuario renuncie a la privacidad.
 
Entre otras cosas su plan contempla:

• Spyware en su computadora que detecta y elimina material que infringe derechos de autor
• Censorware (software de control de contenido) obligatorio en todas las conexiones a Internet para interceptar las transferencias de material ilícito
• Orillar la búsqueda a reproductores personales, laptops y memorias USB
• Intimidación Internacional para obligar a otros países a aplicar las mismas políticas
• Aplicación de justicia por parte de la policía federal y agencias (incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional)

En otras palabras, la industria del entretenimiento piensa que el consumidor voluntariamente debe instalar un software que escanea constantemente nuestros equipos e identifica (y tal vez borra) archivos “ilegales”.

Este lunes 19 de abril se celebra una Reunión Informal de Ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la UE en la que pretende aprobarse la propuesta Española por una Europa Digital. Coincidiendo con este acto, FACUA-Consumidores en Acción, ExGae, Red Sostenible y FCForum, que agrupan, entre otros, a cerca de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos ciudadanos, celebrarán a las 11.00 horas en Sevilla, en la sede de FACUA, una rueda de prensa para analizar el contenido de la propuesta española y dar a conocer los graves peligros que puede implicar.

Estas entidades muestran su preocupación por las presiones que los lobbies de las industrias de las telecomunicaciones y la cultura vienen ejerciendo sobre Bruselas y los gobiernos de los Estados miembros para lograr el desarrollo de políticas a la medida de sus intereses económicos que perjudican a los ciudadanos.

El día 7 de este mes, la agencia de noticias EFE envió a los media-mass uno de sus comunicados. En él se informaba de que 7000 presos palestinos comenzaron este miércoles una huelga de hambre indefinida para presionar al servicio de prisiones israelí a fin de que mejore su situación entre rejas, además de pedir al gobierno israelí que “cese de humillar” a sus familias en puestos de control y puertas de acceso a prisiones. Los presos también exigen que se permita a centenares de familiares de Cisjordania, Jerusalén Este y árabes con ciudadanía israelí visitar a sus parientes encarcelados y que no han podido hacerlo porque Israel arguye razones de seguridad, entre otras demandas.